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El Ministerio de Justicia (Minjus) de Cuba dio un paso decisivo hacia la modernización de sus servicios legales y registrales. Mediante la Resolución Ministerial 284/2025, que entró en vigor el pasado 11 de agosto, la institución establece el reconocimiento oficial y la circulación internacional de las copias digitales de documentos públicos notariales y certificaciones expedidas por los registros centrales y territoriales. Esta medida, destaca el diario Granma, representa un avance significativo en la informatización de los trámites jurídicos en el país.
De acuerdo con las declaraciones de Olga Lidia Pérez Díaz, directora general de Notarías y Registros Públicos del Minjus, la disposición concede a estos documentos digitales, firmados electrónicamente y dotados de sello fiscal digital, el mismo valor jurídico que sus equivalentes en soporte papel. La alta funcionaria precisó que conservan esta condición únicamente mientras permanezcan en formato digital; en el momento en que sean impresos, requerirán de una firma autógrafa y el sello físico de la oficina emisora para ser considerados válidos, garantizando así la seguridad del proceso.
Para asegurar la autenticidad de estos documentos digitales, el Minjus implementa robustos mecanismos de verificación. Los destinatarios pueden comprobar la legitimidad de cada certificación a través de un número de caso y un PIN incluidos en el mismo, o mediante el escaneo de un código QR. Este código redirige al sitio web oficial del Ministerio, donde es posible acceder y descargar directamente el archivo desde la base de datos correspondiente, eliminando riesgos de falsificación y agilizando la validación.
La resolución introduce modificaciones sustanciales al Reglamento de la Ley del Registro Civil para incorporar formalmente la expedición de certificaciones electrónicas. Además, define de manera precisa el espectro de personas facultadas para solicitarlas, que incluye a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a cualquier persona con un interés legítimo debidamente acreditado y a los representantes legales. Esto amplía y democratiza el acceso a la información registral.
La implementación de estos sistemas ya es una realidad en oficinas con sistemas plenamente operativos, como el Registro Civil, el de la Propiedad y el Central de Sancionados. Según se informó, el despliegue avanza de manera progresiva en otros registros cruciales, como el de Actos de Última Voluntad, el de Declaratoria de Herederos y el Mercantil, este último con su puesta en marcha prevista para el primer trimestre de 2026. Esta expansión escalonada asegura una transición ordenada y eficiente.
La medida se enmarca en el cumplimiento del Decreto-Ley 370/2018 sobre la informatización de la sociedad cubana. Su objetivo fundamental es optimizar procesos claves como las inscripciones, la publicidad registral y la expedición de copias, con la consiguiente reducción de trámites presenciales y el consumo de papel. Pérez Díaz destacó experiencias pioneras de interoperabilidad, como la existente entre el Registro de Consumidores y oficinas de Trabajo, que ya solicitan digitalmente certificaciones de estado civil. Con el personal ya capacitado, se iniciará próximamente la emisión de copias electrónicas notariales, monitorizadas mediante tableros de control que garantizarán el cumplimiento de los plazos de servicio.
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