Anteproyecto de Ley de Vivienda en Cuba elimina trabas administrativas

Cuba se encuentra inmersa en la discusión de un anteproyecto de Ley de Vivienda que busca sustituir la normativa vigente desde 1988. En medio de un déficit habitacional superior a las 900 000 viviendas y profundas transformaciones económicas y demográficas, la propuesta introduce cambios estructurales en la producción, gestión y acceso a este derecho. Así lo confirmó Marvelis Velázquez Reyes, directora de Asuntos Legales de la Vivienda en el Ministerio de la Construcción, en entrevista concedida a Cubadebate.

Según explicó Velázquez Reyes, la derogación de la Ley 65 resulta imprescindible tras acumular nueve decretos leyes y 127 normas complementarias que, pese a las modificaciones, no lograban responder a los desafíos actuales. La nueva ley pretende integrar la producción y gestión de la vivienda con un enfoque económico, sociocultural y ambiental, adaptado a la dinámica demográfica del país y a la irrupción de nuevos actores en el sector.

Entre las principales novedades del anteproyecto, la funcionaria destacó la diversificación de actores en la construcción, donde junto al sector estatal participan el esfuerzo propio de la población, cooperativas, microbrigadas, mipymes e inmobiliarias. Asimismo, subrayó el reconocimiento pleno del derecho de propiedad para los cubanos residentes en el exterior, quienes podrán vender, heredar o disponer de sus viviendas directamente o mediante representante legal, eliminándose la confiscación por salida del país.

Uno de los puntos que más debate ha generado en la consulta popular es la posibilidad de poseer hasta dos viviendas. Velázquez Reyes justificó esta medida como respuesta a la situación demográfica actual, donde una familia puede heredar más de un inmueble, y al reconocimiento del carácter productivo de la vivienda. Aclaró, no obstante, que una segunda vivienda no podrá obtenerse por asignación estatal y que su adquisición implicará un incremento impositivo.

La directiva detalló además la eliminación de múltiples trabas administrativas que simplificarán la vida cotidiana de los ciudadanos. Entre los cambios más significativos mencionó la posibilidad de transmitir viviendas en ruina para recuperar su valor de uso, la cesión de espacios entre colindantes, la introducción del contrato de comodato, y la eliminación de autorizaciones administrativas previas para trámites como la venta de solares yermos o la cesión de azoteas para construir. También se flexibilizan los procesos notariales al permitir realizar los actos ante cualquier notario de la provincia.

Velázquez Reyes precisó que el anteproyecto contempla una sección especial para la atención a jóvenes, con subsidios para materiales de construcción, créditos, beneficios fiscales y acceso preferente a viviendas. En cuanto al financiamiento hipotecario, aclaró que si bien la norma reconoce la figura, su implementación requerirá disposiciones complementarias posteriores. La funcionaria convocó a la población a seguir participando en el proceso de consulta, cuyos principales debates han girado en torno al límite de dos viviendas, la eliminación de trabas burocráticas y las solicitudes de legalización en zonas turísticas y de salud.