Por Anabel Martín García
Hoy se cumplen 64 años de una proclama que con el eufemístico nombre de «embargo comercial» ha tenido a Cuba con la soga al cuello en materia económica durante casi todos los años de la Revolución. Fue el 3 de febrero de 1962 que el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy implementó su política.
Al cruel cerco que comenzó con medidas como una reducción drástica de la importación de azúcar de Cuba y terminó rompiendo relaciones diplomáticas con La Habana, nosotros lo llamamos BLOQUEO, con letras mayúsculas, porque sabemos cuánto nos cuesta avanzar con esa barrera.
Y es que el vecino, 90 millas al norte, no se conformó con interrumpir la comercialización entre ambas naciones, sino que también coaccionó al resto del mundo para que participara de su injusticia.
A principios de la década de los 90, la Ley Torricelli cortó los vínculos, dificultó las compras –sobre todo de alimentos y medicamentos con compañías subsidiarias– que pertenecían a matrices estadounidenses, pero que estaban registradas en Europa.
Luego la Ley Helms-Burton en su peor variante, estableció la codificación del bloqueo; en primer lugar, por su carácter extraterritorial y, en segundo lugar, fijó la condición de que no se levantaría hasta que fueran «devueltas» las propiedades norteamericanas que controlaban la economía del país, y que se habían nacionalizado con el triunfo revolucionario.
Ya en el año 2000, el Plan Bush estableció elementos de intensificación a la obcecada estrategia de aislamiento. De ahí en adelante y hasta el 2014 se produjo un cambio en la naturaleza de esa política genocida de coerción. En ese momento, se cortaron las remesas a Cuba y se prohibió que los familiares de los cubanos visitaran nuestro país.
La tercera etapa arranca en 2019, con las medidas de máxima presión del presidente Donald Trump, de las cuales más de 80 fueron sanciones directas, con gran impacto económico. Son las mismas medidas que mantiene en su actual administración y que solo en el último mes, y con la guía de Marco Rubio, ha recrudecido a niveles cada vez más asfixiantes y extraterritoriales.
Una actualización del impacto del bloqueo expone que desde marzo de 2024 hasta febrero de 2025, este causó daños y perjuicios materiales al país estimados en más de 7 mil 556 millones de dólares. De ellos, 300 millones en daños al sector de la Salud y 496 millones al sector Energético por restricciones de combustible.
Al oído, esas son solo cifras, pero en nuestra cotidianidad se traducen en escasez de medicamentos e insumos médicos, material gastable o productos de la canasta familiar subsidiada por el Estado. Impactan en la educación, el transporte, la construcción y la energía. Sí, esa que llega por cables entre un apagón y otro y también en la vital, que solo mantiene la chispa gracias a la convicción de que viviríamos mejor sin bloqueo, pero que somos capaces de reinventarnos con nuestra propia fuerza interior.
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