Bloqueo energético a Cuba: un escalón hacia el poderío en el Caribe

Por Anabel Martín García

La desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional el pasado 16 de marzo y sus réplicas en días sucesivos no responden al inevitable paso del tiempo sobre nuestras termoeléctricas. Son consecuencia de una estrategia de asfixia total por parte de Estados Unidos, donde el cerco al combustible y las piezas se convierte en un arma de guerra contra la vida cotidiana de los cubanos.

Tras el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, el vecino del norte activó todas las piezas de su tablero. La emisión de la Orden Ejecutiva que declaró una «emergencia nacional» en Estados Unidos y autorizó la imposición de aranceles secundarios a cualquier nación que suministrara combustible al archipiélago, no quedó en amenaza, logró que México, por ejemplo, suspendiera sus envíos por temor a represalias comerciales.

Pero la presión no quedó en la diplomacia coercitiva, sino que desplegó una cacería en el Caribe sin precedentes. Un artículo publicado por el sitio Razones de Cuba devela que en solo 90 días, al menos diez buques tanque fueron interceptados por fuerzas estadounidenses, con cargamentos que sumaban millones de barriles. Cuba no ha recibido una sola gota de petróleo extranjero en más de tres meses, y sin combustible, las grandes termoeléctricas y la generación distribuida sufren las consecuencias.

A esto hay que sumarle la persecución financiera que impide el mantenimiento de nuestras centrales, que ya tienen un promedio de 40 años de explotación. La designación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo y la activación del Título III de la Ley Helms-Burton crean un cerco infranqueable. Empresas globales como Siemens o Alstom no pueden vender repuestos, 40 bancos extranjeros nos bloquean las transferencias y un simple sensor de 500 dólares puede costarle al país hasta 10 000, por la ruta tortuosa de terceros países.

El resultado es una infraestructura condenada a la estrategia de las reparaciones de emergencia, donde se toman piezas de unas plantas para salvar otras, mientras se quema crudo nacional de alto contenido de azufre que acelera la corrosión de las calderas. El miedo a las demandas por la Ley Helms-Burton aleja a inversores de España, Canadá y otros socios tradicionales, lo que impide la llegada de capital para modernizar el sistema con parques solares o plantas de ciclo combinado.

Las consecuencias de esta política no se quedan en los informes económicos. Se cuelan en nuestro hogares y hospitales. El apagón general, que ahora ocurre con más frecuencia, profundiza una crisis donde los grupos electrógenos en los centros de salud tienen reservas mínimas de diésel, el oxígeno médico se raciona y las cirugías programadas se suspenden. Con el 80 por ciento de los equipos de bombeo de agua paralizados, el líquido vital escasea, y tanto usted como yo, perdemos alimentos por falta de refrigeración.

Paradójicamente esta crisis, que busca dejarnos a oscuras, pone el foco en las verdaderas intenciones de Washington. Mientras el presidente Donald Trump habla sin tapujos de una «toma de posesión amistosa», condicionando el restablecimiento del combustible a la entrega de la soberanía económica y política, el secretario de Estado Marco Rubio exige una «liberalización total» que incluya la transferencia de activos energéticos al sector privado. Más claro aún, para ellos el colapso de nuestro Sistema Electroenergético no es un problema humanitario, sino una oportunidad estratégica para expandir su influencia en el Caribe.

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