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La Fiscalía General de la República, en correspondencia con lo establecido en el Artículo 156 de la Constitución de la República, controló la investigación penal realizada por los órganos del Ministerio del Interior contra Alejandro Miguel Gil Fernández, quien se desempeñó como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, y otros imputados.
Concluidas las acciones investigativas, en las que se garantizó el debido proceso, la Fiscalía, en cumplimiento de su misión, ejerció la acción penal pública en representación del Estado y presentó las actuaciones al tribunal correspondiente.
Se solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.
En todos los casos se interesó a los imputados sanciones privativas de libertad, en correspondencia con los hechos cometidos.
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
31 de octubre de 2025
(Nota tomada de Fiscalía General de la República)
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