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En un contexto energético complejo, marcado por las limitaciones en la generación y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, Cuba ha dado un paso decisivo en la política de racionalización eléctrica. Desde el último trimestre de 2025, la totalidad de las Mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia y demás actores económicos no estatales que utilizan electricidad para su funcionamiento cuentan con un plan mensual de consumo asignado. La medida, que comenzó enfocada en los grandes consumidores durante 2025, responde al objetivo de racionalizar el uso de un recurso subsidiado y escaso sin frenar el aporte de estos actores al desarrollo del país.
Welner Collejo Jerez, director adjunto de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE), explicó en entrevista con Cubadebate que la iniciativa partió de un principio socialista: consumir solo lo necesario para la producción y los servicios. «Se tomó como base para el plan el consumo de energía del mismo mes del año 2024», precisó el funcionario, aunque aclaró que en La Habana y Varadero se aplicó una reducción del 15 por ciento debido a que las afectaciones en esas zonas fueron menos significativas. Un total de 110 mil 89 formas de gestión no estatal que consumen energía eléctrica recibieron su plan notificado.
El directivo destacó que el proceso cuenta con mecanismos de flexibilidad para quienes necesiten ajustar sus topes. «Las formas de gestión no estatal tienen la posibilidad de demandar la energía necesaria a través de las oficinas de economía y planificación de cada territorio», aseguró Collejo Jerez, y añadió que los Consejos Energéticos Municipales pueden realizar visitas técnicas para asignar un plan ajustado a las condiciones actuales de quienes han incrementado su producción o equipamiento. La instalación de fuentes renovables y tecnologías eficientes se presenta como la vía principal para reducir consumos y aportar al cumplimiento del plan.
Sin embargo, la implementación enfrenta desafíos en el terreno. Anabell Meléndez, directora de la Mipyme Delola, dedicada a productos lácteos en La Habana, denunció que la semana pasada perdieron mil litros de leche por un apagón. «Nosotros prácticamente no tenemos corriente. Estamos trabajando de noche, de madrugada, que es cuando el fluido eléctrico está más estable», relató la empresaria, quien además señaló que aún esperan por la asignación de un plan acorde a su consumo real, muy inferior al de la antigua fábrica que ocupan. En contraste, en Camajuaní, Villa Clara, Confecciones Entaya SURL ha priorizado la importación de combustible y la instalación de paneles solares para sostener su producción ante los prolongados cortes.
Desde la ONURE reconocen la complejidad del proceso y trabajan en el perfeccionamiento de los indicadores. «De conjunto con el Ministerio de Economía y Planificación, se trabaja en un procedimiento para correlacionar el consumo con el tipo de actividad», informó Collejo Jerez, quien admitió que la tarea es compleja debido a la diversidad de actividades que realizan estos actores. El funcionario hizo hincapié en que existen programas de asesoramiento, diagnósticos energéticos y facilidades crediticias para la adquisición de tecnologías eficientes y fuentes renovables.
La política contempla tanto el acompañamiento como las sanciones para quienes incumplan. «Las medidas punitivas van desde la divulgación de malas prácticas, la notificación preventiva, la multa y hasta la suspensión de la licencia», detalló el directivo, quien valoró que la medida ha tenido buena aceptación pues «obliga a controlar este recurso y a consumir solo lo necesario, lo cual se convierte directamente en ahorro económico para los propietarios». No obstante, actores como David Marrero, del Bazar Villanueva en Boyeros, opinan que los planes deben ser más flexibles y ajustarse a las condiciones reales de cada negocio para no estrangular la producción en un momento donde la energía escasea y la economía lo necesita.
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