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Como parte del cronograma legislativo que se desarrolla en Cuba, el Consejo de Ministros aprobó tres anteproyectos de ley para su presentación en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el mes de diciembre, según informa la Agencia Cubana de Noticias.
Según informa la Presidencia en su sitio web, el máximo órgano de Gobierno dio curso al anteproyecto de Ley de Salud Pública, así como a la Política para la aprobación del Régimen Especial de Seguridad Social del sector Agropecuario y Forestal y el anteproyecto de Decreto Ley; y al proyecto de Decreto Ley del Sistema de Áreas Protegidas, estos dos últimos que deberán aprobarse también por el Consejo de Estado.
En la reunión, encabezada por Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, trascendió que la primera propuesta ratifica a la Salud Pública como un derecho del pueblo, y en ella se desarrollan derechos y garantías constitucionales y deberes de las personas.
Así lo explicó Tania Margarita Hernández, viceministra primera de Salud Pública, y añadió que se actualizan las obligaciones del Estado y el Gobierno para garantizar los servicios accesibles, gratuitos y con calidad; establece funciones y obligaciones a nivel local; profundiza el concepto de “Una Salud”, que no se encontraba en la Ley anterior, y permite la integración de multidisciplinas.
En su articulado, detalló la viceministra Primera de Salud Pública, el anteproyecto recoge, entre otros aspectos, las determinaciones para el final de la vida; los principios y fines de la Salud Pública; así como el funcionamiento de las actividades del Sistema Nacional de Salud.
Refirió además que para su elaboración se realizaron múltiples consultas, tanto con especialistas del sector de la Salud como de otros estrechamente relacionados con él, y se evaluaron documentos internacionales e instrumentos jurídicos de diversa índole.
Sobre la Política para la aprobación del Régimen Especial de Seguridad Social del sector Agropecuario y Forestal, la viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, Yaniris Hernández Vento, detalló que amplía y unifica la cobertura de los riesgos a proteger, así como dispone un tratamiento diferenciado para la acreditación del tiempo de servicios del trabajador agropecuario vinculado directamente a la producción.
Actualmente, dijo, se encuentran vigentes tres regímenes especiales de Seguridad Social para actores económicos del sector agropecuario y forestal, lo cual genera desigualdades en aspectos como el modo de financiamiento, el alcance de la protección, los derechos que conceden y la cobertura de riesgos.
Con esta propuesta, aseguró, se unifican y adecúan esas normas vigentes.
Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, comentó que las propuestas que se han hecho fueron conciliadas con los productores, y valoró que el documento es más integrador y beneficioso para todos.
Julio García Pérez, presidente del Grupo empresarial AZCUBA, refirió que este es un tema que va a tener un impacto muy favorable, sobre todo para muchas personas que están en el medio rural, pues ahora todos los actores económicos estarán en igualdad de condiciones.
El proyecto de Decreto Ley del Sistema de Áreas Protegidas tiene entre sus novedades que por primera vez se establece que las áreas protegidas declaradas constituyen parte del Patrimonio Natural de la Nación, al tiempo que se reconocen otras medidas de conservación para áreas no declaradas como protegidas como pueden ser corredores biológicos y el Plan Turquino.
Al respecto, Manuel Marrero, Primer Ministro, destacó el papel del administrador de las áreas protegidas, una nueva figura con la cual se favorece la atención a estos lugares.
Igualmente, llamó la atención sobre el hecho de que algunas de las áreas protegidas son escenarios de ilegalidades, sobre todo de la tala de árboles y la caza furtiva, convirtiéndose en escenarios de indisciplinas de diferente tipo.
En la reunión del Consejo de Ministros aprobó además otros documentos vinculados con el desarrollo social y económico de la nación, como una propuesta de acciones para atenuar los problemas actuales de la ruralidad en Cuba, y el informe de cumplimiento de la Política de la Vivienda.
Las acciones aprobadas pretenden la creación de un ambiente más favorable para la permanencia en las zonas rurales de sus habitantes; incrementos de la producción endógena de alimentos para el autoabastecimiento local, así como el aumento de los ingresos y la mejora de las condiciones de vida de las personas.
Entre otras tareas, a llevar a cabo por los diferentes organismos de la Administración Central del Estado, está previsto garantizar inversiones sectoriales que se ejecuten en las zonas rurales, con una adecuada explotación; facilitar la adquisición de viviendas, materiales de la construcción, equipos y otros incentivos a los profesionales que radiquen y trabajen en la zona rural.
Asimismo, se pretende recuperar las comunidades agrícolas fundadas por la Revolución, así como crear unidades docentes que acerquen a los estudiantes de la Enseñanza Técnico-Profesional y Universitaria en especialidades agropecuarias a las formas productivas de las áreas rurales.
Como parte de la presentación del informe de cumplimiento de la Política de la vivienda, se presentó una detallada y crítica información respecto a los atrasos que la implementación de este Programa evidencia.
De acuerdo con la explicación ofrecida por Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, desde el año 2019, fecha en que comenzó a implementarse la referida Política, en Cuba se han concluido 127 mil 345 viviendas y en 106 mil 332 se han realizado acciones de rehabilitación.
El actual déficit habitacional es de más de 800 mil viviendas, siendo la de una situación más compleja La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey.
Entre los principales problemas que impiden un mayor avance en la implementación de la política, Rodríguez Salazar refirió que los mayores incumplimientos se concentran en los subsidios, al tiempo que no se han materializado las inversiones previstas para incrementar la producción de materiales de la construcción, ni el equipamiento necesario para ampliar la capacidad constructiva y su sostenibilidad.
De manera general, consideró, la Política de la vivienda en el período se evalúa en retroceso pues, a pesar del cumplimiento en los años 2019 y 2020, en los dos años siguientes no se lograron iguales resultados y en la actualidad está en riesgo el cumplimiento del plan del año en curso.
En tal sentido, los miembros del Consejo de Ministros aprobaron, entre otras medidas, el rediseño en cada territorio de la estrategia de la producción local de materiales, con un incremento de las materias primas locales que garanticen la autonomía en la producción de materiales y de respuesta a las necesidades del Programa.
