Cuba aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (+Fotos)

Texto y fotos: Daniela García Zamora

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) dio a conocer este viernes la Ley No. 168 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, encaminada a fortalecer el derecho ciudadano al acceso a la información pública.

Durante una conferencia de prensa, el titular del Citma, Armando Rodríguez Batista, destacó que la ley se acompaña de disposiciones complementarias destinadas a facilitar su aplicación y se articula con otras normas relacionadas con la gestión institucional y la participación ciudadana.

En este sentido, el ministro señaló que se trata de una norma compleja que requiere estudio, en la que el rol del Citma será fundamental para la capacitación de la administración pública y de los sujetos obligados que la ley identifica: “Debemos avanzar hacia una cultura de transparencia y de acceso a la información pública, y hoy contamos con los elementos clave para garantizarlo”.

Rodríguez Batista precisó que la elaboración de la norma fue resultado de un proceso de consulta con más de 200 instituciones públicas, académicas y sociales, e incorporó experiencias internacionales vinculadas con políticas de transparencia y gestión documental, como el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Según explicó el viceministro Daimar Cánovas, la Ley No. 168 establece los principios, mecanismos y límites del derecho de acceso a la información. Define como sujetos obligados a las entidades del Estado, las organizaciones de masas y a todas aquellas que presten servicios públicos o reciban financiamiento estatal.

Estas deberán ofrecer datos sobre su estructura, funciones, presupuestos, programas y resultados, así como rendir cuentas sobre su gestión, entre otras disposiciones.

Asimismo, la norma precisa que las personas que soliciten información deberán asumir determinadas responsabilidades de carácter administrativo.

El viceministro agregó que la ley define las restricciones legítimas asociadas a la seguridad nacional, la protección de los datos personales y la preservación del medio ambiente, con el fin de armonizar el derecho a la información con otras garantías ciudadanas.

Por su parte, Martha Ferriol Marchena, directora nacional de Gestión Documental y Archivos, resaltó la importancia de la organización de la información como base de toda práctica de transparencia, así como la necesidad de familiarizar a los ciudadanos con sus derechos y obligaciones, y de capacitar a los sujetos obligados sobre los requerimientos de la ley.

Se refirió, además, al desafío de promover el uso de sistemas tecnológicos para facilitar la gestión y el acceso a la información, y de avanzar en la informatización de los procesos de gestión documental en la implementación de la transparencia. “No se puede transparentar lo que no está organizado, clasificado y digitalizado. Esa ha sido una tarea esencial en los últimos años”, sostuvo.

Explicó, además, que la norma define la configuración del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública como el mecanismo de integración de la gestión de la información, la gestión documental y los archivos, que se regirán por los principios establecidos en la norma jurídica y en relación con el Sistema Nacional de Gestión de Archivos de la República.

Este sistema tiene como finalidad regular, controlar y promover la cultura de la transparencia en la gestión pública, a partir de la aplicación de métodos comunes en los sistemas institucionales, patrimoniales y personales de gestión documental y archivos.

Con la entrada en vigor de la Ley No. 168, el país inicia una nueva etapa en materia de rendición de cuentas y modernización de la administración pública, con el propósito de reforzar la confianza ciudadana en la gestión del Estado.