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Cuba aprobó un nuevo marco jurídico para el desarrollo de la industria del petróleo y el gas, que amplía las posibilidades de participación de inversionistas extranjeros y actores económicos privados nacionales, en un sector estratégico para la economía.
El Decreto-Ley 135, de Petróleo y Gas, actualiza las reglas para la exploración, explotación y desarrollo de los hidrocarburos, al tiempo que abre nuevas oportunidades de participación a lo largo de la cadena de valor de esta industria.
La disposición introduce modalidades de contratación que amplían las opciones disponibles para gestionar los recursos petroleros, flexibiliza los procedimientos de calificación de las compañías interesadas y contempla la participación de personas naturales y jurídicas nacionales, de acuerdo con las regulaciones aplicables a cada actor económico.
Durante una conferencia de prensa, Pedro Abigantus León, director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), explicó que la norma responde a la necesidad de actualizar una legislación que había quedado desfasada frente a las condiciones actuales de la economía y los requerimientos de desarrollo del sector.
Según el directivo, el propósito es crear condiciones jurídicas para incrementar progresivamente la producción de petróleo crudo y gas natural, elevar las reservas que permitan sostener ese crecimiento y cubrir, en el mayor grado posible, la demanda nacional de combustibles y sus derivados.
La actualización se produce en un contexto en el que el país necesita desarrollar sus capacidades energéticas y captar recursos financieros, tecnológicos y materiales que permitan recuperar y ampliar una industria que requiere inversiones en todos sus eslabones.
La nueva legislación incorpora la concesión petrolera como otra alternativa y deja abierta la posibilidad de establecer otros tipos de contratos cuando las características de una actividad determinada así lo requieran.
Estas modalidades responden a las particularidades de una industria que abarca operaciones muy diversas, desde la investigación de posibles yacimientos hasta la extracción, el procesamiento, el transporte y la comercialización de los productos.
La actualización legislativa también contempla la participación de actores económicos privados nacionales en actividades de la industria petrolera, de acuerdo con las condiciones y regulaciones específicas previstas para cada figura.
El Decreto-Ley incluye la apertura a personas naturales y jurídicas nacionales, bajo el régimen que corresponda a las micro, pequeñas y medianas empresas, las empresas privadas con más de 100 trabajadores y los trabajadores por cuenta propia.
Esta posibilidad amplía el espacio para que actores nacionales intervengan en actividades vinculadas al sector, sin que ello implique que todos puedan realizar indistintamente cualquier operación petrolera.
(Con información de Cubadebate)
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