Cuba fortalece protección social con activos productivos y capacitación remunerada para jóvenes

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó un paquete de nuevas disposiciones, publicadas en la Gaceta Oficial número 88 y vigentes en los próximos siete días, que buscan transformar la asistencia social en un proceso hacia la autonomía económica. Entre las normas figuran el Decreto Ley 136, sobre el fortalecimiento del Trabajo Social; el Decreto 182, que crea las direcciones de Trabajo Social en las administraciones provinciales y municipales; y los acuerdos 10455 y 10463, referidos a la dotación de activos productivos y a la capacitación de jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.

Maily Morejón Concepción, directora del Observatorio Social y Laboral, explicó que la iniciativa trasciende el enfoque tradicional de la asistencia social, centrado en atender necesidades inmediatas, y procura crear condiciones para que las personas desarrollen actividades económicas y generen ingresos propios. El programa está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad con integrantes aptos y dispuestos a trabajar, que asuman el compromiso de cumplir un plan de inclusión económica.

Entre los grupos priorizados figuran las personas cuidadoras, especialmente mujeres con menores a su cargo y bajos ingresos; jóvenes de 18 a 30 años desvinculados del estudio y el trabajo; personas con discapacidad que puedan desarrollar una actividad económica, y quienes se encuentran en la informalidad laboral. Los activos productivos se agrupan en tres categorías: agropecuarios y agroecológicos; destinados a actividades artesanales, de transformación y servicios; y tecnológicos o de soporte digital, según precisó Morejón Concepción.

Israel Antonio Riverón Sánchez, director de Empleo del MTSS, detalló que las solicitudes se presentan en las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social, por iniciativa de los interesados, mediante los trabajadores sociales o por medio de los empleadores. Los trabajadores sociales realizan la caracterización de las personas y familias, evaluada por los grupos de atención a las políticas sociales de los consejos populares, y luego el Servicio de Gestión de Empleo Territorial elabora un plan individualizado que se somete a la aprobación del Consejo de la Administración Municipal. El financiamiento podrá proceder del presupuesto estatal, el Fondo de Protección Social, la contribución territorial, la cooperación internacional, donaciones y microcréditos bancarios.

El Acuerdo 10463 establece un programa de capacitación y preparación para la inserción laboral de jóvenes de 18 a 30 años que no estudian ni trabajan, mediante cursos cortos de uno a seis meses y una carga mínima de 20 horas lectivas semanales. Durante el periodo de preparación, los beneficiarios recibirán un ingreso mensual equivalente al salario mínimo vigente, condicionado a cumplir al menos el 85 % de asistencia y aprobar las evaluaciones. De manera excepcional, podrán acceder adolescentes desde los 15 años y personas de 31 a 35 años con responsabilidades familiares de cuidado.

El Decreto Ley 136 define conceptos, principios y mecanismos de articulación del trabajo social, y reconoce la intervención de los trabajadores sociales en comunidades, instituciones educativas, hospitales y policlínicos, con mecanismos de coordinación y supervisión. El ministro Jesús Otamendiz Campos subrayó que las transformaciones buscan fortalecer la protección social y rescatar el valor del trabajo como principal vía de protección, concibiendo la asistencia social como un tránsito hacia la autonomía económica de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

(Con información de Granma)