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Tras la histórica jornada electoral vivida por Cuba el pasado 26 de marzo, se desarrolla ahora un importante proceso que involucra a los 470 diputados electos y a los miembros de la Comisión de Candidaturas Nacional (CCN), a todos los niveles.
Se trata de la consulta a los representantes del pueblo en el más alto órgano de poder del Estado, para elaborar, a partir de sus propuestas, un proyecto de candidatura para la dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular y, a su vez, del Consejo de Estado, para los miembros de este órgano, y para el Presidente y Vicepresidente de la República.
Así lo informó a la prensa, recientemente, Consuelo Baeza Martín, presidenta de la CCN, quien señaló que, en concordancia con la Ley Electoral y los principios de nuestro sistema político, los diputados hacen llegar sus propuestas por escrito, de forma individual y anónima.
Señaló, además, que los miembros de la Comisión conducen el proceso, primero, llegando hasta cada territorio, para que no sea necesario el traslado de todos los compañeros hacia la capital. Segundo, dado que el 64 % de los diputados es de nueva elección, se les explica el modo en que la ley dispone el desarrollo de esta consulta, y que todos están en igualdad de condiciones.
También se les solicita el criterio a los recién elegidos, acerca del Consejo de Ministros y de sus miembros, ya que será sometida a su aprobación la propuesta que haga el Presidente de la República.
Baeza Martín insistió en que, así como las asambleas del Poder Popular en dos municipios del país no aprobaron las propuestas de candidaturas que se les presentaron, y fue necesario elaborar otra, también en el seno de la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, que se efectuará el 19 de abril, los diputados tienen una potestad similar, antes de proceder a la votación directa y secreta.
Todo ello le da a este proceso, según sus propias palabras, un carácter transparente, y constituye, además, un legítimo derecho de los diputados, en representación de quienes los eligieron, todo lo cual refuerza el carácter democrático y participativo de nuestro sistema electoral y, por ende, de nuestro sistema político.
Fuente: Granma
