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El Ministerio de Transporte de la República de Cuba (Mitrans) actualizó la política para la transmisión de propiedad, importación y comercialización de vehículos de motor, remolques y semirremolques, con flexibilizaciones que buscan agilizar estos procesos en el país. Las disposiciones, publicadas en la Gaceta Oficial Ordinaria número 65, fueron explicadas este martes por el ministro Eduardo Rodríguez Dávila y forman parte de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente, en particular las identificadas con los números 146, 147 y 148.
El nuevo marco normativo incluye el Decreto Ley 122 —que modifica el artículo 229 del Código de Seguridad Vial—, el Decreto 163 con las reglas generales de la política, y varias resoluciones de organismos centrales que regulan importadores, comercializadoras, precios, impuestos y procedimientos aduaneros. Entre las principales novedades, desaparece el límite de seis vehículos por persona en un quinquenio para compras en comercializadoras autorizadas, y se amplía el número de entidades facultadas para vender, con el objetivo de ofrecer mayores alternativas a los compradores.
Además, se autoriza a personas jurídicas no estatales que cumplan requisitos específicos a ensamblar y comercializar vehículos eléctricos, incluyendo ciclomotores, motocicletas, bicicletas y automóviles. Otra medida beneficia a los colaboradores cubanos en misiones oficiales en el exterior, quienes podrán adquirir o importar vehículos de hasta ocho pasajeros a través de cualquier comercializadora autorizada —y no solo mediante una entidad específica como antes—, pudiendo hacerlo tanto desde el país donde residen como desde un tercer país.
En materia impositiva, se exime del impuesto especial de venta a los vehículos eléctricos que se adquieran junto con estaciones de carga alimentadas por fuentes renovables de energía, como incentivo a la transformación de la matriz energética. También se reduce el impuesto especial para ómnibus y microbuses: del 20 % al 12 %, y si son ensamblados en el país baja al 7 %, o al 5 % en caso de ser eléctricos, una decisión orientada a favorecer la recuperación del transporte público, uno de los sectores más golpeados en los últimos años.
La normativa incorpora, asimismo, la posibilidad de que extranjeros con residencia temporal, provisional o inmobiliaria adquieran vehículos en comercializadoras, y permite la importación directa sin carácter comercial por personas naturales de triciclos de combustión de hasta 250 centímetros cúbicos y de vehículos eléctricos con sus sistemas de carga renovables. Rodríguez Dávila subrayó que la política busca favorecer vehículos más económicos, impulsar la movilidad eléctrica, estimular la industria nacional y ampliar la participación de actores estatales y no estatales en la comercialización.
Sobre el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, financiado con parte de los impuestos especiales a la venta de vehículos, el ministro informó que esos recursos han permitido incorporar medios para servicios esenciales, como 15 vehículos fúnebres eléctricos en La Habana, un catamarán para Isla de la Juventud, 300 triciclos eléctricos de pasajeros, 110 microbuses, 30 ómnibus para rutas nacionales y Vía Azul, además de unidades para hemodiálisis y transporte sanitario. No obstante, reconoció que persisten limitaciones por el deterioro acumulado y las restricciones externas que afectan la llegada de recursos.
Al cierre de junio de 2026, se han vendido 35 494 vehículos (65 % de combustión, 5 % híbridos y 30 % eléctricos), con predominio de ciclomotores, motocicletas y triciclos (70 %), mientras que las importaciones directas suman 41 963 unidades, repartidas casi a la par entre eléctricas y de combustión.
(Con información de Granma)
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