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La Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN) es muestra de la voluntad del Estado cubano de priorizar cuestiones relativas a los procesos de producción, la promoción y comercialización de alimentos en el país, incluido su consumo.
Si se habla de retos y desafíos de la Ley, explicó Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Ministerio de la Agricultura (Minag), se debe partir del mismo objetivo, que es alcanzar la soberanía alimentaria aun en las condiciones económicas del país, fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, y garantizar progresivamente los derechos de la alimentación de los ciudadanos.
En el marco del Primer Taller de Fincas Emprendedoras, realizado durante la recién concluida XV Convención Internacional de Cooperativismo, Cooperat 2024, Cruz Legón se refirió a las principales deficiencias detectadas en el cumplimiento de la SSAN, entre las que destacó que existe falta de conocimiento general sobre los contenidos de la Ley, a pesar de acciones de creación de capacidades realizadas y su inserción en el sistema de trabajo que fortalezca el control por parte de los órganos locales del Poder Popular.
Manifestó que persisten deficiencias en el funcionamiento de las comisiones provinciales y municipales, en la integración de los diferentes actores y en el sistema de trabajo para el seguimiento y control de lo establecido en la Ley.
La Directora Jurídica del Minag expuso que es poco frecuente la presencia de las bases productivas y productores en la Comisión Municipal SSAN, y de los miembros de estas en reuniones de las juntas directivas y asambleas generales de cooperativistas.
Además, los jefes de programas no están nombrados y capacitados en todos los municipios, ni diseñados los programas según la metodología aprobada, así como la insuficiente elaboración de proyectos y la búsqueda de fuentes de financiamiento (de desarrollo local, colaboración, inversión extranjera u otros), que respalden la ejecución de los programas aprobados.
En cuanto al proceso de creación del Sistema Empresarial Agroindustrial Municipal, comentó que se han identificado entre otros, los siguientes aspectos:
El no correcto funcionamiento de los grupos provinciales y municipales para la conducción del proceso.
Atrasos en los cronogramas de creación y traspaso de las entidades.
Deudas sin respaldo con productores, trabajadores y suministradores.
La no correspondencia entre las cifras de combustibles notificadas a los territorios y el físico disponible.
(Con información de Granma)
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