Des-concierto feroz

Razón tenía Hugo Chávez cuando repatrió unas 160 toneladas de oro, guardadas en bancos norteamericanos, en el 2011. El presidente, viendo la hostilidad de Estados Unidos y el mezquino proceder contra otros países, Cuba por ejemplo, decidió garantizar el control físico de aquellos activos nacionales.

La querella actual con el Banco Central del Reino Unido lo prueba. Absurdo pero no tan sorpresivo que el   Tribunal Superior británico decidiera que es Juan Guaidó, y no el gobierno encabezado por Nicolás Maduro, quien puede acceder a las 31 toneladas de oro, (más de mil millones de dólares) retenidas por Londres.

El juez Nigel Teare, alega que el autoproclamado es «inequívocamente» el «presidente interino constitucional» del país sudamericano y quien puede disponer de esas reservas. El Reino Unido no ha reconocido siquiera a un representante diplomático del individuo al cual le atribuyen derechos no otorgados en las tan ensalzadas elecciones “democráticas” de estilo occidental, pero -ya vemos- tiene potestades concedidos desde fuera, por encima de aquellos elegidos en urnas.

A los gobiernos que reconocieron a Guaidó se les sigue presentando similar problema, pues si eliminan a los representantes oficiales del gobierno bolivariano en sus países, o sacan a los suyos de Venezuela, ¿cómo van a tramitar cualquier asunto si  el poder real y el apoyo mayoritario de instituciones y pueblo están con el jefe de estadobolivariano?

Hace casi un año hubo un cisma en el parlamento con el cual se sustenta el otorgamiento de validez a Guaidó, quien sigue encabezando una facción del legislativo, pero la otra está a cargo de Luis Parra y varios partidos opositores. Esa dicotomía sigue paralizando el normal desempeño de un espacio de decisiones en desacato desde hace años y cuando está al borde de su validez.

Se pretende mantener esa entelequia indefinidamente. Por eso rechazan los previstos comicios de este año, quizás por temor a un cambio importante, por voto popular, en la composición de ese cuerpo. Dentro y fuera, los adversarios del proceso progresista venezolano, se niegan a aceptar esos sufragios. Repiten lo hecho con las elecciones generales. Al desconocerlas,se suponen autorizados para quitarle validez a la administración Maduro.

Esas prácticas -más formales que genuinas- acarrean situaciones y resultados muy comprometidos. Téngase en cuenta que si el país y sus dirigentes son reconocidos en las instituciones mundiales, incluida la ONU, y como adelanté, mantienen consulados y embajadas  en la mayoría de las naciones,  carece de sentido darles preeminencia a personeros que ya robaron bastante, como está notoriamente probado.

Estados Unidos le dio al personaje que Donald Trump  no traga bien (lo asegura John Bolton en su libro) los derechos sobre importantes empresas venezolanas radicadas en  su territorio (Citgo) y no solo se trata de un eufemismo del peor gusto afirmar que así amparan recursos venezolanos, cuando ese pueblo no  recibe un centavo, aunque lo esté necesitando.

Esta parte del tema acaba revelando un plan de la administración Trump para quedarse con la importante red de refinerías y procesadoras energéticas radicadas en territorio norteamericano. A finales de mayo, el Gobierno constitucional venezolano denunció el proyecto de “compra-venta” de CitgoPetroleum. De nuevo el artilugio, esta vez protagonizado  por  un tribunal estadounidense del distrito de Delaware, en un fallo calificado por Caracas de “piratería moderna”.

¿Venta? ¿A quién se lo compran y con quécompetencias? Lo real está en el propósito de confiscar esos activos usando lasobornada complicidad del diputado en desacato. Por supuesto que se trata de un acto arbitrario,en contra del ordenamiento jurídico internacional. No se precisa ser muy conocedor de las leyes para percatarse.

Como Venezuela tiene otros bienes en distintos bancos extranjeros, es de suponer que lo de Citgo, junto con lo recién promulgado por el Reino Unido con el oro, sirva de base a otros para incautar recursos ajenos desvergonzadamente.

El propósito de Maduro al procurar el oro de marras fue contaminado con malevolencia por estos testaferros y sus compinches, afirmando que ese dinero sería empleado de forma fraudulenta. Sin embargo, el pedido venezolano fue pedir el traslado de esos caudales hacia el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidad dispuesta a la administración y compra de suministros médicos y alimenticios para los venezolanos, urgidos de ellos, por los daños provocados por la Covid-19.

Luego demasiado traída por los pelos la acusación sobre el supuesto mal uso a darle a ese dinero por parte del gobierno venezolano, cuando de por medio actuaba un organismo reconocido.

La generalización de sanciones e impertinencias como la aquí expuesta, son recursos para obligar a los agredidos a sumarse a cuanto los  verdugos desea imponer. Con esos tonos transita el desafinado concierto mundial de estos días. Ya se verá hasta cuándo.

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Publicado Por: Elsa Claro

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